Obligación por iva cuando no se recaudan arrendamientos / propuesta para Emergencia Económica sobre decreto 637 de 2020

Buenos días para todos

En las siguientes líneas y porque es un caso de común ocurrencia, máxime en estos tiempos de crisis, comentamos asunto jurídico con incidencia tributaria: los contratos de arrendamiento comerciales y la obligación por iva sobre ellos.

Como corolario presentamos propuesta que busca salir al paso a una situación real y con ello contribuir a atenuar algunas consecuencias de este difícil momento de nuestra economía.

Agradeceremos analizarla y, si están de acuerdo con ella, apoyarla en los diferentes escenarios.

Al efecto iniciemos recordando que el contrato de arrendamiento es “de tracto sucesivo”, esto es con causación periódica para derechos y obligaciones durante todo el lapso definido en el documento que firmaron las partes.

Como derechos a cargo del arrendatario aparecen, entre varios, los de ocupación y uso. En tanto como obligaciones están para él, por ejemplo, las de conservación y pago.

De los primeros (derechos) derivan deberes para el mismo arrendatario, aquí otra vez el de pagar. Por ello, y habida cuenta de la relación bilateral, resulta para el arrendador la opción de cobrar.

Dicho de otra manera, mientras el contrato esté vigente no se suspenden sus consecuencias para ninguno de los intervinientes.

En el evento de no pago y para condiciones normales cabría una terminación por justa causa, circunstancia que claramente no es de interés y que tampoco cabe en este momento para contratos que se hayan celebrado con mipymes, pymes y pequeñas empresas.

Podría darse también la suspensión por mutuo acuerdo, para que así no exista facturación y por ello se detenga el iva, pero evidentemente esto tampoco resulta aconsejable ahora desde el ángulo comercial.

La falta de pago de algunas cuentas no permite entonces, y por sí misma, dejar de facturar para los periodos siguientes, ni tampoco dá la opción para omitir la liquidación y la cancelación del iva que aplica por ley.

Por lo tanto, y a pesar de no lograr recaudo en determinados meses, no es posible obviar facturación por los siguientes para así evitar la obligación del iva. Hacer lo contrario llevaría a declaraciones tributariamente inexactas que acarrearían sanciones tributarias (por la diferencia que deba corregirse), económicas (intereses moratorios) y penales (por omitir lo que por ley se hace obligatorio).
 

Nota:

Anoche se dijo que dentro de la nueva Emergencia Económica dispuesta en la tarde (decreto 637 de 2020) habrá otra regulación para el tema “arrendamientos”

Una opción sensata en esa materia, que bien cabría en la norma que se dicte, sería la de disponer que el pago del iva se haga no por causación sino por el sistema de caja para que así el arrendador cancele el tributo a Dian en tanto sea cubierto por el arrendatario. Con ello se consideraría la situación de ambas partes del contrato.

Vale ambientar rápidamente la alternativa ante las esferas gubernamentales y legislativas. Por ello estamos haciendo llegar esta propuesta al Congreso; a diferentes niveles de los gobiernos municipal, departamental y nacional; a organizaciones gremiales; y a analistas económicos y jurídicos. Todos podemos apoyar en las soluciones.


A consideración


Saludos,
Luis Hernando Franco
Director
Franco Murgueitio & Asociados
www.francomurgueitio.com

 

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